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| Caricatura de Matador |
El más reciente informe de la Fundación Forjando Futuros:
‘Falsas víctimas, no! Lo que hay son testaferros, despojadores y opositores de
mala fe’, deja mal parado a la Unidad de Restitución de Tierras, a la Ley 1448
de 2011 del Gobierno colombiano y a un grupo de personas y empresas que se
oponen al proceso.
La Fundación analizó mil (1000) sentencias de restitución
de tierras y evidenció que carecen de fundamento las acusaciones de “algunos
funcionarios del Gobierno” y terratenientes, de que miles de falsas víctimas
desean valerse de la Ley para hacerse a predios.
Para Forjando Futuros, el 98% de los reclamantes de
tierras fueron reconocidos por los jueces especializados como víctimas reales
y, en contraste, el 89% de los opositores a la Ley, “adquirieron los predios
aprovechándose de las condiciones de violencia”.
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| A pesar de la "buena" voluntad del Gobierno, la restitución de Tierras a las víctimas de despojo se hace 'gota a gota'. Foto: tomada de internet. |
“La tesis de las falsas víctimas lleva a desconocer el
principio de la buena fe de los reclamantes de tierras y a revictimizar a las
familias despojadas, pone en riesgo la vida de los reclamantes, legitima a los
victimarios, protege a las élites regionales causantes del despojo y esconde
los escasos resultados en la implementación de la Ley en la Restitución de
Tierras”, dice un parte del informe.
Lo de los “escasos resultados” no es nuevo. Otro estudio,
elaborado en 2013 por el Observatorio para la Restitución y Regulación de
Derechos de Propiedad Agraria, de la Universidad Nacional, ya había advertido
que, de continuarse con el mismo diseño institucional, la ejecución de la Ley
de restitución de tierras “tardaría ciento, incluso miles de años” (ver
informe: http://bit.ly/1bH95FY).
Actualmente, ante la Unidad Administrativa Especial de
Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, Uaegrtd, se han presentado 73 mil
127 solicitudes de restitución, (correspondiente al 20% del total de las
víctimas de despojo) de las cuales solo poco más de 7 mil han llegado a
instancias judiciales.
En mil sentencias, los jueces especializados han resuelto
1980 casos, equivalente al 2% del total de solicitudes. “La tendencia muestra
un aumento de los fallos por año del 20%, de mantenerse así, para el año 2021
se lograría únicamente el 4,4% de la meta de la restitución de tierras”, señala
el estudio.
De continuarse a este ritmo de restitución, como lo
advirtió en 2013 la Universidad Nacional, a la Unidad de Restitución de Tierras
del Gobierno le tomaría por los menos más de 5 siglos para cumplir la meta y no
los 10 años que se ha contemplado de vigencia de la Ley.
Ante esta negra perspectiva, ¿se vislumbra un futuro
promisorio para los reclamantes de tierras en Colombia? No lo creo.
Y más cuando, según el informe, hay personas naturales,
terratenientes en su mayoría (representan el 50% de los opositores, figura
jurídica de la Ley 1448 que contempla: un opositor tiene igual derecho sobre el
predio que la víctima también está reclamando) que se enfrentan a los procesos
de restitución de tierras.
Ellos son: Álvaro Mesa Cadavid, Hernando Manuel Meza
Vergara, Juan Bautista Serna Serna, Benjamín José Alvarado Bracamonte, Gabriela
Inés Henao Montoya, Diego Alois Sierra, Miguel Enrique Ríos Dávila, Gabriel
Jaime Vásquez Quintero, Guillermo León Restrepo Rico y Hever Walter Alfonso Vicuña.
Ninguno, según el informe, ha demostrado ante los jueces
la buena fe de sus procesos judiciales.
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| Son cientos las familias campesinas que han retornado a sus predios por su propia cuenta y riesgo. |
Forjando Futuros también incluye a 9 empresas “que se
beneficiaron de la violencia para adquirir tierras o títulos mineros” en
predios que actualmente son reclamados por víctimas reales.
Estas son: Anglogold Ashanti Colombia S.A., Continental
Gold Limited Sucursal Colombia, Exploraciones Chocó Colombia S.A.S., Sociedad
Agropecuaria Carmen de Bolívar S.A., Sociedad Las Palmas Limitada, Agropecuaria
Palmas de Bajira S.A., Inversiones Futuro Verde S.A., Palmagan S.A.S y A.
Palacios S.A.S.
Y la perspectiva de un futuro promisorio para los
reclamantes de tierras se torna más negro aún, cuando nos enteramos que 5
adultos mayores fallecieron esperando una decisión judicial y 67 reclamantes de
tierras y un (1) funcionario del Gobierno fueron asesinados en 4 años que lleva
de vigencia la Ley.
Si nos fijamos en la lógica burocrática del Gobierno y
sus connotados colaboradores, a quienes se les ocurrió la genial idea de
invertir, en el período 2012-15, tres veces más en los procesos de restitución,
que ante el valor estimado de los predios restituidos, el futuro parece más
negro.
El coste considerado de los 1.760 predios que hasta al
momento han sido restituidos a sus originales dueños (más de 97 mil hectáreas)
es de $263 mil 304 millones y, el Gobierno invirtió $836 mil 719 millones en
dichos procesos de restitución, de los cuales $157 mil 709 millones ni siquiera
se han ejecutado.
Acaso no era más sensato invertir esos miles de millones
en reparar, no ya a 1.759 víctimas, sino a más de cinco mil. No. Porque
entonces de qué vivirían los burócratas.
Queridos reclamantes de tierras, lo siento por ustedes y
sus familias, porque (así digan que sí) ni el Gobierno colombiano, ni algunos
poderosos terratenientes y empresarios los quieren viviendo en el campo, en paz.
@adolfoflorezg
(Lea el informe completo: ‘Falsas víctimas, no! Lo que
hay son testaferros, despojadores y opositores de mala fe’ en:
www.forjandofuturos.org)
