Guerrilla de las Farc propone nuevo enfoque de política antidroga

Mediante un comunicado, titulado: ‘Política antidrogas integral, soberana, democrática y participativa, orientada a los pobres del campo y a los consumidores’ (http://bit.ly/1kr9Hif ), la guerrilla de las Farc-Ep proponen cambiar el actual enfoque a la política antidroga.

En el primer sub-punto de los 10 puntos que conformarían la propuesta global, los insurgentes plantean que la lucha antidrogas adelantada por el Estado centre su objetivo en perseguir y desarticular “las rentabilidades extraordinarias (que) se encuentran en las fases de la circulación, la distribución y en la incorporación de las ganancias generadas en los circuitos legales de la economía a través del lavado de activos” y no “en los eslabones más débiles del proceso”, o sea: campesinos y consumidores.

En ‘Política antidrogas soberana’, segundo sub-punto del comunicado, las Farc dice que, ante el “fracaso de la política antidrogas impuesta por el imperialismo de los Estados Unidos” y debido a “su incidencia sobre la prolongación del conflicto social y armado” en Colombia, el Estado debe diseñar e implementar “una políticas antidrogas que contemple los principios de soberanía y autodeterminación” (Sic).

No obstante, para la insurgencia dicha “política antidroga soberana” debe ser “democrática y participativa” (tercer sub-punto) y en su diseño trabajará una “comisión” de representantes de diferentes sectores de la comunidad, tales como: campesinos, indígenas y afrodescendientes productores de hoja de coca, “consumidores organizados” e “instituciones y organizaciones no gubernamentales especializadas” que además del diseño de la política, se encargarían de su seguimiento.

Asimismo, las Farc plantean la conformación de una “misión de expertos”, cuarto sub-punto, con participación especial de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, y de la comunidad académica, científica e internacional, que produzcan “lineamientos, propuestas y recomendaciones, a ser tenidos en cuenta”.

Finalmente, en el quinto y último sub-punto del comunicado, la Delegación de Paz de la guerrilla pide “protecciones especiales a los productores de hoja de coca y consumidores de drogas ilícitas” para que estos “no sean estigmatizados, perseguidos y criminalizados” y en cambio sean “sujetos de una política pública para la superación de su situación de pobreza y miseria, o de tratamiento terapéutico de la adicción, según el caso”.

Si bien la propuesta de las Farc-Ep, dada a conocer por Andrés París, tienen aspectos más humanitarios que la actual política antidroga del gobierno nacional, como combatir a los circuitos legales de la economía donde terminan blanqueándose el dinero producto del narcotráfico y no a los eslabones más débiles; se quedan cortos al omitir cuál posición asumirán respecto de su participación en todo el proceso de producción.

También en el comunicado se vislumbra el temor que los jefes negociadores le tienen a la extradición hacia los Estados Unidos, pues plantean, en el segundo sub-punto, una soberanía colombiana para la administración de justicia en los casos relacionados con el tráfico de drogas.

Asimismo no especifican qué responsabilidad asumirán respecto a los daños sociales, ambientales y de infraestructura que vienen cometiendo desde que se dedicaron de lleno a la producción y tráfico de cocaína, marihuana y amapola.

Como siempre, evadiendo sus responsabilidades. Por eso, pocos medios nacionales hicieron eco de su “altruista” propuesta. Esperemos con qué más nos saldrán los farcianos. 

@adolfoflorezg

La Restitución de Tierras tardaría cientos, incluso miles de años

La Unidad de Víctimas y Restitución de Tierras del Gobierno Nacional se quedará corta en la restitución de predios a las más de 12 mil víctimas que hasta la fecha se han acogido a la Ley 1448 de 2011, una de las más “exitosas” leyes del Gobierno de Juan Manuel Santos.

Esta desoladora advertencia se conoció en el informe: ‘Un trancón fenomenal: Un análisis en las demoras en el proceso de restitución’ (http://bit.ly/1bH95FY) del Observatorio para la Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria, de la Universidad Nacional de Colombia.

En dicho informe, los expertos analizaron tan solo el registro de reclamantes de tierras en los Montes de María y el ritmo con que el Estado resuelve dichos casos y, luego de aplicar un modelo matemático, comprobaron que “la tasa de atención por semana es de 0,75 persona; y la tasa de llegada de personas está entre 12 y 15”.

Así las cosas, al Estado colombiano se le iría en cumplir la tarea “cientos, o incluso miles de años”, por lo que evidentemente “el Gobierno no alcanzará a atender a todas las víctimas”, le dijo Francisco Gutiérrez Sanín, director científico del Observatorio, al portal informativo Verdad Abierta.com.

Gutiérrez Sanín agregó que en un año, la Unidad de Víctimas y Restitución de Tierras “estará atendiendo 36 municipios y en diez años, a 360 municipios que es apenas un poco más de la tercera parte del total del país”; además, dijo que el problema de la Ley no es de “ejecución” sino de “diseño institucional”.

Por tal motivo, le recomienda al Estado reconsiderar su modelo de resolución caso por caso, para evitar la sobrecarga que extendería la tarea por más de una década, tiempo de vigencia de la Ley, y les aconseja realizar restituciones colectivas, masivas o por municipios, “para los casos en los que el despojo y el abandono fueron ocasionados por el mismo victimario, en el mismo contexto y época, y en predios colindantes”.

Pero para Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución de Tierras, el modelo propuesto por el Observatorio es “impensable”, ya que “en un pueblo o vereda la situación de cada vecino es distinta”; sin embargo, aceptó que tienen demandas de reclamaciones “de 20, 50 y 70 familias”, pero de parcelaciones adjudicadas por el antiguo Incora, hoy Incoder.

Hasta la fecha, según registros de la Unidad, se han resuelto 800 casos, lo que significa que apenas 18 mil hectáreas han sido devueltas a sus originales dueños; no obstante, se estima que las tierras usurpadas superan las 2 millones de hectáreas y en trámite de resolución hay 12 mil 217 solicitudes, por 482 mil 272 hectáreas de terreno, un área mayor a los departamentos de Amazonas, Vichada, Caquetá y Meta juntos.

    

Desolador panorama. Pero como el Gobierno es obtuso y no cambiará el modelo, los reclamantes de tierras tendrán que hacer una fila de “cientos, incluso miles de años” para aspirar a retornar, en un día muy, pero muy lejano, a cultivar y a vivir en sus parcelas en paz.

@adolfoflorezg

Fernando Vallejo propone eliminar la ortografía y ocho letras del diccionario

Fernando Vallejo  generó una nueva polémica. Esta vez desde las páginas de su novela: ‘Casablanca la bella’ (Alfaguara 2013), donde plantea la idea de realizar una reforma ortográfica, eliminar ocho letras, la tilde, la diéresis y de paso independizarnos de la Real Academia Española, RAE.

Pero la idea de jubilar la ortografía no es nueva. La propuesta ya había sido formulada por Gabriel García Márquez  en el discurso inaugural del I Congreso Internacional de la Lengua Española, realizado en Zacatecas, México, en 1997.

Allí, Gabo dijo: “Jubilemos la ortografía, terror del ser humano desde la cuna: enterremos las haches rupestres, firmemos un tratado de límites entre la ge y jota, y pongamos más uso de razón en los acentos escritos, que al fin y al cabo nadie ha de leer lagrima donde diga lágrima ni confundirá revólver con revolver”.

Para el resentido autor antioqueño, el objetivo de eliminar la ortografía se debe a que “la reforma” ya la hacen los jóvenes desde los celulares y computadoras, a través de los cuales escriben “ortografía fonética”.

Tiene toda la razón. Ahora es común leer en la redes social, como Facebook, sobre todo, que escriben bn en vez de bien y llo en vez de yo, entre un sinnúmero de horrores ortográficos inimaginables.

Pero a diferencia de Gabo, Vallejo plantea también que se elimine del diccionario ocho letras: la ce, la hache, la cu, la uve, la equis, la ye y la zeta. El argumento, proteger nuestro idioma de tanto extranjerismo y volver así a los orígenes fenicios y griegos, quienes basaban su “sistema ortográfico” en la fonética, o sea, “un signo por cada sonido”.

Escribiríamos, por ejemplo: Casa con k: Kasa; Queso con k y sin u: Keso; Cielo con s: Sielo; Zapato con s: Sapato, Hielo sin h: Ielo y General con j: Jeneral. Para las “letras dobles con sonido sencillo” como la che, la elle y la erre, Fernando propone escribirlas con guión bajo: s, l y r. Se garabatearía entonces Sapa por Chapa, Karo por Carro, Sigarilo por Cigarrillo, Gera por Guerra y Oror por Horror.

En cuanto a las tildes y la diéresis (los dos punticos que se ponen sobre la u para escribir, por ejemplo: sinvergüenza), Vallejo dice no volverlas a usar jamás; entonces, como la propuesta de Gabo, hacer más uso de razón y escribir Lágrima sin tilde: Lagrima y Sinvergüenza sin diéresis, con b y s: Sinberguensa. Todo un embrollo.

Para Antonio Vélez, quien hizo una concienzuda y argumentada crítica a la propuesta, en ‘La nueva ortografía de Vallejo’ (http://bit.ly/19rJoWV ), la idea del antioqueño no se posible porque, además de tener fallas “mayúsculas”, la arraigada conservación de las tradiciones que tenemos los humanos no lo permitirá y, sobre todo porque, dice Vélez, con ello “le quitarían al idioma escrito el sabor y la belleza de lo añejo, y eliminarían de un tajo la pátina milenaria depositada en sus palabras”.

En cuanto a la autonomía de la RAE, Vallejo acierta al afirmar, en una entrevista al respecto, que somos más de 300 millones de hispanohablantes de este lado del Atlántico, frente a 40 millones de españoles que nos subyugan, a través de la Academia, en cómo debemos escribir y qué palabras nuevas incluir en el diccionario.

Por tal motivo,  plantea la unión entre las Academias del resto de los países hispanohablantes y declarar la independencia de la RAE , para en adelante, referirse como ‘españolismo’ a cualquier aporte al idioma que provenga de la península ibérica.

Para sustentar mejor su embrollada idea, Fernando Vallejo, también filólogo de profesión, invitó a los académicos de la RAE para realizar un debate al respecto en el próximo Congreso Internacional de la Lengua Española. Ante dicha invitación, la RAE como siempre prefiere guardar silencio.

En cuanto a la propuesta de una “ortografía fonética sin resabios etimológicos” el resentido de Vallejo está meando fuera del tiesto y simplemente aprovechó la resonancia mediática que le hicieron para promocionar su libro.

Nota: ‘La reforma ortográfica de Vallejo’ en: http://bit.ly/GZ4lOA.