La Unidad de Víctimas y Restitución de Tierras del Gobierno
Nacional se quedará corta en la restitución de predios a las más de 12 mil víctimas
que hasta la fecha se han acogido a la Ley 1448 de 2011, una de las más
“exitosas” leyes del Gobierno de Juan Manuel Santos.
Esta desoladora advertencia se conoció en el informe: ‘Un
trancón fenomenal: Un análisis en las demoras en el proceso de restitución’ (http://bit.ly/1bH95FY)
del Observatorio para la Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad
Agraria, de la Universidad Nacional de Colombia.
En dicho informe, los expertos analizaron tan solo el
registro de reclamantes de tierras en los Montes de María y el ritmo con que el
Estado resuelve dichos casos y, luego de aplicar un modelo matemático, comprobaron
que “la tasa de atención por semana es de 0,75 persona; y la tasa de llegada de
personas está entre 12 y 15”.
Así las cosas, al Estado colombiano se le iría en cumplir la
tarea “cientos, o incluso miles de años”, por lo que evidentemente “el Gobierno
no alcanzará a atender a todas las víctimas”, le dijo Francisco Gutiérrez
Sanín, director científico del Observatorio, al portal informativo Verdad
Abierta.com.
Gutiérrez Sanín agregó que en un año, la Unidad de Víctimas
y Restitución de Tierras “estará atendiendo 36 municipios y en diez años, a 360
municipios que es apenas un poco más de la tercera parte del total del país”;
además, dijo que el problema de la Ley no es de “ejecución” sino de “diseño
institucional”.
Por tal motivo, le recomienda al Estado reconsiderar su
modelo de resolución caso por caso, para evitar la sobrecarga que extendería la
tarea por más de una década, tiempo de vigencia de la Ley, y les aconseja
realizar restituciones colectivas, masivas o por municipios, “para los casos en
los que el despojo y el abandono fueron ocasionados por el mismo victimario, en
el mismo contexto y época, y en predios colindantes”.
Pero para Ricardo Sabogal, director de la Unidad de
Restitución de Tierras, el modelo propuesto por el Observatorio es “impensable”,
ya que “en un pueblo o vereda la situación de cada vecino es distinta”; sin
embargo, aceptó que tienen demandas de reclamaciones “de 20, 50 y 70 familias”,
pero de parcelaciones adjudicadas por el antiguo Incora, hoy Incoder.
Hasta la fecha, según registros de la Unidad, se han
resuelto 800 casos, lo que significa que apenas 18 mil hectáreas han sido devueltas
a sus originales dueños; no obstante, se estima que las tierras usurpadas
superan las 2 millones de hectáreas y en trámite de resolución hay 12 mil 217
solicitudes, por 482 mil 272 hectáreas de terreno, un área mayor a los
departamentos de Amazonas, Vichada, Caquetá y Meta juntos.
Desolador panorama. Pero como el Gobierno es obtuso y no
cambiará el modelo, los reclamantes de tierras tendrán que hacer una fila de “cientos,
incluso miles de años” para aspirar a retornar, en un día muy, pero muy lejano,
a cultivar y a vivir en sus parcelas en paz.
@adolfoflorezg
