Mediante un comunicado, titulado: ‘Política antidrogas
integral, soberana, democrática y participativa, orientada a los pobres del
campo y a los consumidores’ (http://bit.ly/1kr9Hif ), la guerrilla de las Farc-Ep
proponen cambiar el actual enfoque a la política antidroga.
En el primer sub-punto de los 10 puntos que conformarían la
propuesta global, los insurgentes plantean que la lucha antidrogas adelantada
por el Estado centre su objetivo en perseguir y desarticular “las
rentabilidades extraordinarias (que) se encuentran en las fases de la circulación,
la distribución y en la incorporación de las ganancias generadas en los
circuitos legales de la economía a través del lavado de activos” y no “en los
eslabones más débiles del proceso”, o sea: campesinos y consumidores.
En ‘Política antidrogas soberana’, segundo sub-punto del
comunicado, las Farc dice que, ante el “fracaso de la política antidrogas
impuesta por el imperialismo de los Estados Unidos” y debido a “su incidencia
sobre la prolongación del conflicto social y armado” en Colombia, el Estado
debe diseñar e implementar “una políticas antidrogas que contemple los
principios de soberanía y autodeterminación” (Sic).
No obstante, para la insurgencia dicha “política antidroga
soberana” debe ser “democrática y participativa” (tercer sub-punto) y en su
diseño trabajará una “comisión” de representantes de diferentes sectores de la
comunidad, tales como: campesinos, indígenas y afrodescendientes productores de
hoja de coca, “consumidores organizados” e “instituciones y organizaciones no
gubernamentales especializadas” que además del diseño de la política, se
encargarían de su seguimiento.
Asimismo, las Farc plantean la conformación de una “misión
de expertos”, cuarto sub-punto, con participación especial de la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, y de la comunidad
académica, científica e internacional, que produzcan “lineamientos, propuestas
y recomendaciones, a ser tenidos en cuenta”.
Finalmente, en el quinto y último sub-punto del comunicado,
la Delegación de Paz de la guerrilla pide “protecciones especiales a los
productores de hoja de coca y consumidores de drogas ilícitas” para que estos “no
sean estigmatizados, perseguidos y criminalizados” y en cambio sean “sujetos de
una política pública para la superación de su situación de pobreza y miseria, o
de tratamiento terapéutico de la adicción, según el caso”.
Si bien la propuesta de las Farc-Ep, dada a conocer por
Andrés París, tienen aspectos más humanitarios que la actual política antidroga
del gobierno nacional, como combatir a los circuitos legales de la economía
donde terminan blanqueándose el dinero producto del narcotráfico y no a los
eslabones más débiles; se quedan cortos al omitir cuál posición asumirán respecto
de su participación en todo el proceso de producción.
También en el comunicado se vislumbra el temor que los jefes
negociadores le tienen a la extradición hacia los Estados Unidos, pues
plantean, en el segundo sub-punto, una soberanía colombiana para la administración
de justicia en los casos relacionados con el tráfico de drogas.
Asimismo no especifican qué responsabilidad asumirán
respecto a los daños sociales, ambientales y de infraestructura que vienen
cometiendo desde que se dedicaron de lleno a la producción y tráfico de
cocaína, marihuana y amapola.
Como siempre, evadiendo sus responsabilidades.
Por eso, pocos medios nacionales hicieron eco de su “altruista” propuesta. Esperemos con qué más nos saldrán los farcianos.
@adolfoflorezg
