lunes, 29 de septiembre de 2014

Ni sueñe con la pensión

Si es un trabajador colombiano piense en esto.

El sueño de todo trabajador colombiano es lograr su pensión de jubilación; ese ahorro programado que realizó durante su vida laboral y que espera recibir en su ‘tercera edad’.

Pero el dulce sueño de alcanzar esa pensión puede tornarse en una larga pesadilla. Datos desalentadores para la clase obrera colombiana ambientan el amargo sueño.

Hace diez años, cursaban 160 mil procesos judiciales para reclamar pensiones atrasadas. A abril de 2014 y mediante tutela, treinta mil trabajadores denunciaron que semanas de sus aportes a la seguridad social desaparecieron, como suelen desaparecer a las personas y al erario en Colombia.

Esto debido a que muchos empleadores, por ese cuento de la tercerización del trabajo, suscribieron contratos de fiducia con terceros para la administración de los recursos destinados para las pensiones y, en esa “movida”, se embolató algunos datos de los trabajadores.

Las múltiples intervenciones y liquidaciones de las distintas entidades administradoras o pagadoras de pensiones que el Gobierno ha realizado con total impunidad y nulas sanciones, también contribuyó a que miles de ciudadanos vivan esta pesadilla.

Si usted, lector, es un trabajador colombiano que sueña con la pensión, piense en esto: de los cuarenta y siete millones de colombianos, solo veintitrés millones son laboralmente activos.

De esos veintitrés millones, un poco más de ocho millones cotizan al Sistema General de Pensiones, SGP, bien sea público o privado; lo que significa que solo uno de cada diez logrará la añorada pensión.

El resto, como consecuencia de los altos porcentajes de informalidad, los míseros sueldos, los largos períodos de desempleo y la incertidumbre laboral, no responderá a las exigencias del sistema y perderá sus ahorritos.

Es que en Colombia, para vergüenza del Estado, solo hay poco más de un millón setecientos mil pensionados. Y cada vez será más duro lograrla. ¿Por qué? Porque cada tanto, aumentan la edad de pensión y el número de semanas a cotizar, entre otros requerimientos.

Actualmente, las mujeres se pensionan con 60 años y los hombres con 62 o, en su defecto, con mínimo, mil semanas cotizadas, o sea poco más de 20 años.

Pero si cumplió alguno o ambos de los anteriores requisitos, no cante victoria, lo más probable es que apenas empiece el mal sueño, porque a continuación le harán una serie de descuentos para calcular el valor de la mesada pensional a devengar.

Sí, descuentos, como el Ingreso Base de Liquidación, IBL (que se lo calculan con el promedio del sueldo en los últimos 10 años de cotización) y por bien que le vaya, logrará hasta un 75% de este.

Súmele el descuento por aporte a salud, que se le aumenta en 12% porque ya el empleador no le pagará el 8%. En últimas, le hacen un descuento aproximado de 33%. Y eso siendo optimistas y si le reconocen la pensión.

A este deprimente panorama, se le agrega la esperanza de vida, que en Colombia es, para las mujeres de 77,10 años y para hombres de 70,95, para un promedio de 73,95, lo que quiere decir que una persona escasamente logrará disfrutar su pensión, si no se le retrasa, durante casi 10 años.

Otro ejemplo de la vergonzosa iniquidad del SGP, son los 24 billones del Presupuesto Nacional (16% del fondo pensional) que se destinan para pagarle a los privilegiados que devengan pensiones superiores a los 15 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Y ni qué decir de la insostenibilidad fiscal que amenaza con hacer colapsar al sistema pensional. O el viacrucis de las pensiones de sobrevivientes que son negadas o que tardan años en reconocerse, porque desde que se introdujo el primer régimen pensional en 1946 persisten las mismas problemáticas: baja cobertura, falta de equidad e insostenibilidad fiscal.

¿Y qué hace el Gobierno para remediar esta problemática? Acometer fallidas reformas al sistema, que lo único que hace es agudizar la crisis.


Por eso, es mejor que ni sueñe con la pensión: podrá ser una larga y amarga pesadilla.

sábado, 26 de julio de 2014

Empresa de Energía de Bogotá VS comunidad quindiana

Imagen tomada de la Fundación Ambiental Chinampa
El proyecto ‘UPME 02-2009 Subestación Armenia 230 kV y 39 kmts. de Líneas de Trasmisión Asociadas’ que adelanta la Empresa de Energía de Bogotá, EEB, en Quindío y Risaralda, los tiene enfrentados a la comunidad quindiana.

El motivo: dicen los ambientalistas, es que el proyecto causaría un daño ambiental desproporcionado, ante los exiguos beneficios que traería y todo se debe, a que la explotación minera que desarrollará la multinacional AngloGold Ashanti en el departamento, necesita de un gran suministro de electricidad.

Con un presupuesto estimado de entre $35 a $40 millones de dólares y 25 años de concesión para su operación y mantenimiento, el proyecto le fue adjudicado a la EEB, mediante “convocatoria pública”, el 14 de febrero de 2012 y, si las acciones ciudadanas no logran detenerlo, iniciarían trabajos intensivos el próximo 30 de agosto de 2014.

Para realizarlo, la empresa capitalina habrá de instalar 83 torres de 30 a 50 metros de altura, por cuyas líneas de transmisión conducirán unos 230 mil voltios y bajo las cuales, los dueños de los predios le deberán conceder, sin compensación económica alguna, una franja de servidumbre de 32 metros de ancho.

Los cables de alta tensión atravesarían 5 ríos y 18 quebradas, al igual que el Distrito de Conservación de Suelos Barbas-Bremen; el Parque Natural Regional Las Marcadas y Alto del Nudo; la Reserva Forestal Central; el Paisaje Cultural Cafetero, PCC y 5 corredores biológicos creados por el Instituto Alexander von Humboldt.

En la construcción de las torres, la EEB deberá “aprovechar”, entiéndase talar, unos 457 árboles y 1816 guaduas, pero como compensación, por ese cuento de la Responsabilidad Social y Ambiental, plantarán 1372 nuevos árboles y 9080 guaduas en la zona.

Además de los daños ambientales, el proyecto atenta contra la salud y los bienes de 165 familias, de 26 veredas en Quindío y Risaralda. Y amenaza el hábitat del Mono Aullador y de la Pava de Monte, dos especies en riesgo.

Mural contra el proyecto de la EEB en Armenia.
Foto: Fredy Rivera
Pero la EEB señala que no habrá tales afectaciones. Primero, dicen, porque no hay estudios concienzudos que comprueben que la radiación electromagnética afecte la salud de las personas, la flora y la fauna.

Segundo, porque la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Anla, la Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ y la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, Carder, les dio el visto bueno al Estudio de Impacto Ambiental radicado el 17 de octubre de 2012.

Y tercero, porque el Ministerio de Cultura los autorizó, mediante la Resolución 2639 del 22 de octubre de 2012, a realizar el proyecto en área principal y de influencia del PCC.

A pesar del espaldarazo que les dio el Gobierno Nacional, las autoridades ambientales y culturales, las protestas ciudadanas continúan y cada vez aumentan en número y en estrategias.

Desde marchas ciudadanas, hasta plantones, mítines y activismo a través de las redes sociales, los ambientalistas pretenden sumar a la ciudadanía indiferente para ejercer presión y reversar el proyecto.

Una de las propuestas más originales, la hizo la Fundación Vivirenlafinca, quienes diseñaron una máscara de mono aullador y la cual se puede descargar gratis (en: http://bit.ly/1mLsWUs). Un grupo de ciudadanos ya salió aullar por calles y centros comerciales, para expresar su apoyo al hábitat de estas especies en peligro.
Ciudadana en protesta, con máscara de mono aullador.
Foto: cortesía Néstor Ocampo.

Las protestas ciudadanas también evidenciaron que para el tendido de los cables conductores, la EEB debía talar muchos árboles para abrir brecha de la cobertura forestal de la zona. Entonces la empresa optó por usar un helicóptero, “siendo de las primeras líneas de transmisión en Colombia que utilizará este método en su construcción”.

Tan ambientalmente responsables… pero ¿técnicamente es necesaria la realización del proyecto?

Para la EEB sí, porque hay una “problemática” por “sobrecargas de los transformadores” que suministran el fluido eléctrico al área, comprendida entre los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda.

Al mismo tiempo, arguyen, existe una alta probabilidad de que dichos transformadores se dañen “irreversiblemente”, lo que ocasionaría “racionamientos prolongados de electricidad”, entre otros riesgos como bajos voltajes y veranos drásticos que causarían desabastecimiento.

Para los ambientalistas esto no es cierto, porque dicen que el Quindío tiene una capacidad instalada de 180 mil voltios y, en horas pico, el consumo máximo llega alrededor de 90 mil voltios.

Imagen que parodia a la EEB.
Sin embargo, la EEB declara que el objetivo principal es integrar el Sistema Eléctrico Regional al Sistema de Transmisión Nacional, STN, para atender la demanda energética de las posibles nuevas empresas que se establezcan en la región y de paso, mejorar la competitividad y la economía del departamento.

Posibles empresas como la multinacional sudafricana AngloGold Ashanti, que tiene concesiones de explotación minera a gran escala en 11 de los 12 municipios del Quindío.

“No tenemos dudas. Estudiados todos los aspectos del proyecto y el contexto regional, la conclusión es clara: esa energía es para la locomotora minera, especialmente para el proyecto La Colosa Regional, de la AngloGold Ashanti”, dijo Néstor Ocampo, líder ambientalista.

Ojalá los quindianos y risaraldenses tomen consciencia, para que en un futuro cercano no tengamos que aullar, como lo hace el mono, pero para conseguir agua.

@adolfoflorezg 



Para consultar más al respecto, ver:
‘Proyecto UPME 02-2009 Armenia’: http://bit.ly/1rlYOVF
‘Política para la preservación del Paisaje Cultural Cafetero de Colombia, Conpes’: http://slidesha.re/1wTE6vP
‘EEB responde a críticas a proyecto energético’: http://bit.ly/1kVoJxG
‘Empresa de Energía de Bogotá busca consenso respecto a la subestación Armenia’: http://bit.ly/1tDkL27
‘Comunidad se opone a proyecto energético en Quindío’: http://bit.ly/1AeEQAk
‘Pobladores en Quindío denuncian presiones para que entreguen zonas’: http://bit.ly/1mLCgrs
‘Gobernadora del Quindío militarizaría parque Barbas-Bremen para proteger reserva natural’: http://bit.ly/1rENWE4
‘UPME-02-2009, Itinerario de una tragedia ambiental’: http://bit.ly/1rQHck3


sábado, 1 de febrero de 2014

MIRA Vs. Iglesia Católica

El MIRA, Movimiento Independiente de Revolución Absoluta, brazo político de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, captó la atención de la “gran” prensa colombiana gracias a un comentario discriminatorio de María Luisa Piraquive.


Desde el momento en que se conoció el vídeo en el que la máxima figura del MIRA dijo que las personas con algún tipo de discapacidad física no podían enseñar la palabra de Dios entre sus huestes, cayeron en el ojo del huracán mediático.

Entonces salió a luz pública un maremágnum de información donde, además de la justa denuncia del acto discriminatorio, se evidenciaba detalles de las millonarias propiedades que tienen la familia Piraquive en el extranjero y el enorme poder económico de la iglesia, entre otros pormenores no tan santos.

María Luisa, una antigua costurera, fundó en 1972, junto a su esposo, esta congregación que pasó de tener cinco adeptos y funcionar en una vieja casa, a tener millones de feligreses y a poseer 850 iglesias en 45 países, en lugares tan distantes como Japón, Suiza y China.

No obstante, cabe preguntarse: ¿si este caso se hubiese presentado en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, los medios le darían la misma resonancia que al caso MiRA? No lo creo.

Por eso, sería un poco sano hacer una comparación entre los crímenes cometidos por esta y los de la Iglesia Católica colombiana.

Obviemos la Inquisición, proyecto criminal que también se desarrolló en el país y, concentrémonos en los últimos 40 años, tiempo de historia del MIRA.

El MIRA discriminó a las personas con discapacidad física y sin duda eso estuvo muy mal; pero, ¿acaso la Iglesia Católica no discrimina también?

En los últimos 40 años la Iglesia ha segregado sistemáticamente a homosexuales, bisexuales y transexuales y a las mujeres por considerar, a unos enfermos y aberraciones de la naturaleza y, a las féminas, cuerpos sin alma, sin derecho a decidir por sí mismas, como en el caso de aborto.

¿Y de ello dice algo la gran prensa? Nada.

En cuanto a las millonarias sumas que ha captado el MIRA y sus señoriales propiedades, ¿acaso la Iglesia en Colombia no recibe millones, también vía diezmos? ¿Acaso no cuentan con lujosas posesiones y sus clérigos más destacados no cuentan con suntuosidades tan estrafalarias como coronas en oro?

La prensa también plantea la posibilidad del asesinato del esposo de María Luisa Piraquive, pues dicen que, ella se negó a que le practicaran la autopsia y que ello indicaría un eventual envenenamiento. Eso lo debe demostrar la justicia.

Ahora bien, recientemente se conoció el caso del párroco Óscar Albeiro Ortiz, quien según la Fiscalía, era cabecilla de un grupo paramilitar y quien ordenaba el asesinato, la tortura, desaparición y desplazamiento de pobladores de San Antonio del Prado, Antioquia. (http://bit.ly/1eglcer).

El religioso, quien era prófugo de la justicia desde 2010, ya había sido condenado a 19 años de prisión. No obstante y según un comunicado de monseñor Ricardo Tobón, Arzobispo de Medellín, Ortiz solo fue suspendido, “ad cautelam (por precaución), del ministerio sacerdotal”.

Pero hay más, como los execrables crímenes de pederastia de los sacerdotes William de Jesús Pérez, quien violó a tres niños en Cali y los de Luis Enrique Duque, párroco de San Antonio, Tolima, acusado de abusar sexualmente de 2 niños. (http://bit.ly/1ksXxHN).

Y ni para qué hacer mención de las alianzas entre la curia y el narcotráfico, ejemplo de ello fue la amistad entre el cura Rafael García Herreros, fundador del Minuto de Dios y el capo Pablo Escobar.

Y la lista sería interminable.

Sin embargo, ninguno de estos casos tuvo el minucioso seguimiento de la prensa. ¿Por qué? Lo ignoro. Lo que sí parece claro es que en el caso MIRA, todo obedece a una odiosa persecución política.

Y por supuesto que es sano que la podredumbre del MIRA salga a la luz pública, pero también deberían salir por igual los de la Iglesia Católica colombiana. 

sábado, 25 de enero de 2014

Bajo escombros: terremoto del Eje Cafetero de 1999

15 años después

Bajo escombros: terremoto del Eje Cafetero de 1999

Armenia conmemora  15 años de esta tragedia que casi devastó a la ciudad y que dejó miles de víctimas mortales y damnificados.

Las fotos y recortes de periódicos que saca de una bolsa están empolvados, pero no sus recuerdos, “a veces creo que fue ayer”, dice Azucena Barragán, una sobreviviente del terremoto que sacudió al Eje Cafetero en 1999.

Azucena Barragán, habitante del barrio La Nueva Brasilia,
enseña un periódico del día después de la tragedia.
“Así quedó mi casa” y enseña una fotografía donde se ven las ruinas de lo que fue su vivienda, ubicada en el barrio La Nueva Brasilia, en Armenia. Sus ojos brillan, debido a las lágrimas que intenta contener, respira profundo y continúa:

“Habíamos acabado de almorzar y estábamos en el segundo piso; escuché el timbre, bajé, me asomé por la ventana y vi que eran dos niños vendiendo fresas. Ahí fue que todo se vino encima”, cuenta.

Ese 25 de enero de 1999, a la una y diecinueve minutos de la tarde, la tierra rugió durante 28 segundos en un terremoto de magnitud 6,4 grados en la escala sismológica de Richter. El epicentro fue en Córdoba, ubicado a 16 kilómetros de Armenia, capital de Quindío.

Si bien; 28 municipios de Caldas, Quindío, Risaralda, Tolima y norte del Valle del Cauca se vieron afectados por el sismo, las mayores pérdidas de vidas humanas, heridos y edificaciones dañadas se registraron en Armenia, donde la cifra de víctimas fatales superó las mil doscientas.

Así quedó la casa de Azucena Barragán, (Izq.)
después del terremoto.
Cuando Jhon Jairo Bautista sintió el primer sacudón de la tierra, pensó lo peor. Sabía que tenía que evacuar con prontitud debido a las fallas estructurales que presentaba el edificio de la Estación de Bomberos de Armenia, pero cuando bajaba por las escaleras sintió como si se lo tragara la tierra.

“Como soy bombero conductor, pensé en sacar uno de los carros extintores, pero solo alcancé a llegar al segundo piso”, dice.

Dos segundos después, Bautista y ocho personas más se encontraban atrapados bajo los escombros y los fierros retorcidos. No sufrió heridas de consideración, gracias a que quedó en lo que se denomina: triángulo vital.

“No sé cuánto tiempo pasó después, lo que sí recuerdo es que salí por mis propios medios y luego vi a la mujer de uno de mis compañeros aplastada bajo una gruesa columna”, dice y guarda silencio por un instante.

Aún le cuesta creer que saliera con vida y que cinco de sus colegas y dos mujeres murieran allí. “Nunca recibimos atención sicológica y olvidar la tragedia que vivimos es difícil, muchos todavía no lo superan” sentencia Bautista con un nudo en la garganta.

Jhon Jairo Bautista, con 25 años en la institución, manifestó
que, después de salir de entre los escombros, presentó
problemas de columna.
Al respecto, el capitán Sergio Iván Martínez, actual comandante de la Estación Sinaí, fue enfático al afirmar que no quería hablar del tema, “es mejor echarle tierrita a eso”, expresó este bombero que se salvó de morir lanzándose por la ventana del tercer piso.

Un año después de la tragedia, 712 personas adultas, de 1.331 evaluadas sicológicamente, presentaban una alta prevalencia de trastornos mentales, producto de la experiencia traumática; 168 de ellas manifestaron tendencias suicidas.

Igualmente, 607 menores de 12 años, de 737 entrevistados, exteriorizaron afectaciones sicológicas; así lo indicó un estudio realizado por la Universidad del Quindío.

Mientras Bautista intentaba rescatar a sus amigos, Lida Mondragón luchaba por escapar de entre los restos de su casa, también ubicada en La Nueva Brasilia, uno de los barrios más afectados por el sismo y donde al menos trescientas personas fallecieron.

Lida intentó salir, junto con su esposo y su pequeña hija de once años, pero el colapso de la casa los sorprendió en la sala.

Lidra Mondragón, enseña un foto de su hermano César
Hernán, quien murió sepultado por los escombros de la
casa donde habitaba.
“Veíamos la calle. Una pared nos aprisionó a los tres, yo sufrí fractura de la pierna derecha, mi esposo tuvo lesiones en la cara y el pecho y mi hija quedó ilesa porque estaba en medio de los dos” manifiesta.

Como pudo, Lida empezó a remover algunos ladrillos y cuando se sintió libre de la tenaza de concreto que la aprisionaba, se arrastró hasta la calle. Tras ella salieron su hija y su marido, pero su hijo mayor aún estaba adentro.

Por fortuna él salió ileso. Pero la misma suerte no corrió su hermano César Hernán, quien a pocas cuadras de allí quedó sepultado por la casa donde habitaba con su novia.

Aún después de la réplica más fuerte del sismo, ocurrida a las 5:40 p.m. y de magnitud 5.4 Richter, Azucena permanecía atrapada bajo las ruinas de su vivienda, junto a sus dos hijos y a su esposo.

Registro acelerográfico digital del terremoto de 6,4 grados
Richter de 1999.
“A mí me sacaron como a eso de la siete y media de la noche; me llevaron en una funeraria hasta los patios de Tránsito Municipal, donde me dejaron tirada al lado de otros heridos y muertos”.

Debido a sus heridas fue trasladada, vía aérea, hasta el aeropuerto militar de Catam, en Bogotá, donde se reencontró con sus hijos.

“Yo me fracturé la pierna derecha y la columna; mi hija tenía una mano fracturada y mi hijo había sufrido luxación de cadera”, dice y agrega que su esposo, quien sufrió heridas en la columna, fue atendido por médicos extranjeros en el Hospital San Juan de Dios de Armenia.

Se estima que unas cuatro mil personas presentaron algún tipo de lesiones físicas y un número indeterminado de ellas recibió atención médica en hospitales en Cali, Bogotá y Medellín.

Los saqueos

Se calcula que un 30% de las edificaciones de Armenia resultaron afectadas y, además de la Estación de Bomberos, colapsaron el Comando de la Policía Quindío, donde murieron 18 miembros de la institución; la sede de la Defensa Civil y el Batallón del Ejército.

A esta debacle de los organismos de socorro se le sumaron el desabastecimiento de agua potable y el corte del fluido eléctrico que afrontó la ciudad por dos días.

Carlos Augusto Castaño, además de perder su casa y no recibir
ayuda del Estado, perdió un edificio de apartamentos ubicado en
la cra. 21 con cll. 23 de Armenia.
“Como la ayuda de afuera tardó, Armenia quedó sumida en el caos y más cuando llegaron vándalos de otras ciudades”, expresó Juan Diego Herrera, teniente del Cuerpo Oficial de Bomberos.

Con este panorama dantesco, dos días después de la desastre se empezaron a presentar los saqueos masivos a supermercados, locales comerciales y viviendas. Ante esta situación, los ciudadanos se armaron para defender por sus propias manos las pertenencias que les habían quedado intactas.

“Era tanto el caos por los continuos robos que me la pasaba con el revólver en la cintura. Un día que llegué a casa, me vi obligado a dispararle a una persona que entró y con un cuchillo amenazaba a mi mujer para robarnos” dijo Carlos Augusto Castaño, otro de los supervivientes y residente en el centro de la ciudad.

El agresor logró sobrevivir a los dos disparos que recibió y Castaño dice que no tuvo ningún lío judicial. No hay cifras exactas, pero se presume que por los enfrentamientos murieron y, bajo los escombros desaparecieron, alrededor de cuatrocientas personas.

La reconstrucción

Datos del Fondo para la Reconstrucción del Eje Cafetero, Forec, indican que en los cinco departamentos colapsaron por el terremoto 14 mil 757 viviendas, otras 84 mil 339 sufrieron afectaciones parciales, al igual que 1.000 planteles educativos y 58 puestos de salud y hospitales.

Edificio Pipintá, de propiedad de Carlos Augusto Castaño,
ubicado en la cra. 23 con cll. 21 de Armenia. 15 años
después, el edificio sigue en pie.
En 2009, un informe de Acción Social -actual Departamento para la Prosperidad Social, entidad que asumió los derechos y obligaciones del Forec-, indicó que en los 28 municipios damnificados por el sismo se invirtieron $1.6 billones de pesos, unos US $750 millones.

No obstante y según Azucena Barragán, el subsidio de $8 millones 39 mil 640 pesos que recibieron cada una de las familias damnificadas fue “insuficiente, porque solo nos alcanzó para hacer la mitad de la casa y a nosotros nos debieron entregar las casas de dos plantas, como eran”.

Asimismo, agregó que tuvieron inconvenientes en cuanto a la validación de la documentación ante la oficina de Instrumentos Públicos de Armenia, por lo que se vieron obligados a buscar la intervención de la Defensoría del Pueblo y la del presidente Andrés Pastrana (1998-2002).

“La gente no se alcanza a imaginar todo lo que sufrimos para volver al barrio y solo tres años después del terremoto logramos hacer este sueño realidad”, sentencia Azucena.

“La única ayuda que recibí del Estado fue la comida que me dieron porque ni un peso recibí y mi situación económica empeoró después del terremoto” dijo Carlos Augusto Castaño, respecto de los subsidios.

Si bien la primera etapa de la reconstrucción del Eje Cafetero se proyectó a 3 años y se ejecutaron 1.400 obras; otros 202 proyectos de vital importancia tardarían en concretarse en 10 años.

¿Cómo está preparada Armenia?

Es innegable que, después de la tragedia, Armenia gozó de una notable modernización en infraestructura urbanística y vial; asimismo las instituciones y organismos de socorro recibieron ingentes recursos para modernizar sus equipos, sus sedes y para la capacitación del personal.

Estación Central del Cuerpo Oficial de Bomberos de
Armenia, Quindío.
Sin embargo, muchos de los encargados de estas instituciones coinciden en afirmar que todavía falta mucho por hacer en cuanto a prevención, capacitación y consecución de más y mejores equipos de rescate.

“Desafortunadamente las capacidades de respuesta nunca van a ser las suficientes, ni el municipio está lo adecuadamente preparado para afrontar una emergencia, tanto en equipos, como en personal y en capacitación, por esa la importancia de que la comunidad se apropie de sus riesgos, porque esta no solo recae sobre el Estado”, indicó Javier Pérez Gómez, director de la Oficina Municipal para la Gestión del Riesgo, Omgerd, de Armenia.

Para Juan Diego Herrera, teniente y subcomandante de la Estación Central del Cuerpo Oficial de Bomberos, la ciudad “no está preparada para afrontar un desastre de esa magnitud y, a pesar de que en lo social se ha hecho un trabajo importante en prevención, no es suficiente y de pronto el Gobierno Nacional ha descuidado el apoyo a través de los años frente a este tema”.

Así las cosas, ¿está preparada Armenia para enfrentar otro desastre natural de igual o mayores proporciones? 

@adolfoflorezg

Antigua sede de la Caja Agraria de Armenia, ubicada en la cll. 18 con cra. 17; actualmente funcionan ahí varios almacenes comerciales, pero solo ocupan hasta el piso 4, el resto están abandonados. 

En esta esquina de la calle 21 con cra. 23 quedaba la Estación Central del Cuerpo Voluntarios de Bomberos de Armenia, con el colapso de la estructura, morirían atrapados 6 bomberos, dos mujeres y se destruirían todos los equipos de rescate.

Actualmente, la Estación Central de Bomberos de Armenia y la Estación Sinaí, al suroccidente de la ciudad, cuentan con 2 vehículos cisternas, 3 de intervención rápida para incendios, 2 de rescate, 2 ambulancias y 1 vehículo escalera.

Ante los reiterados problemas para certificar los documentos de propiedad en la Oficina de Instrumentos Públicos de Armenia, las más de 280 familias residentes del barrio La Nueva Brasilia debieron solicitar la ayuda de la Defensoría del Pueblo y la de Presidencia de la República, en la gráfica se aprecia un cartel que plasma el inconformismo.

Edificio El Lobo, ubicado en la cra. 17 con cll. 16, justo frente a la actual Centro Administrativo Municipal, CAM de Armenia, es otro de los edificios que fueron abandonados tras el terremoto y que hoy, quince años después, continúa en pie.

Para Hugo Monsalve, director del Observatorio Sismológico de la Universidad del Quindío, (izq.) en el Eje Cafetero existe un 80% de probabilidad de que hasta 2015 se presente un sismo superior a 6,6 en la escala sismológica de Richter.

Parque en memoria a la víctimas mortales del terremoto de 1999, en el barrio La Nueva Brasilia.










sábado, 4 de enero de 2014

A pelear por agua

Un catastrófico panorama ambiental se avecina para Latinoamérica: “tres cuartas partes de las aguas fecales o residuales vuelven a los ríos y otras fuentes hídricas”. Así lo indica un informe realizado en 2013 por el Banco Mundial, BM.

Parece inverosímil, pero es verdad.  Esto significa que las aguas de los principales ríos que abastecen a millones de personas en Suramérica, Centroamérica y el Caribe, están siendo contaminados con heces, además de otras residuos.

En Colombia, las principales fuentes hídricas las contaminamos a diario con unas 688 toneladas de materia orgánica e inorgánica. Sin duda, esta problemática que nos evidencia el BM representa un serio riesgo de salud pública y un deterioro ambiental de dimensiones colosales para toda la región.

A este futuro desalentador, debemos sumarle que la Organización de Naciones Unidas, ONU, estima que en los próximos treinta años unas cuatro mil millones de personas, de las más de 7 mil millones que habitamos el planeta, estarían en riesgo de sufrir de desabastecimiento de agua potable.

Y no son teorías conspiratorias o exageraciones de locos ecologistas. La amenaza es real. ¿Y entonces para qué nos sirve que Suramérica posea un tercio de las fuentes de agua potable del mundo si las contaminamos inmisericordemente y si 32 millones de personas por estos lares padecen sed? Una inmensa riqueza desperdiciada.

Porque somos millonarios en recursos, además de hídricos, pero nuestra mentalidad empobrecida nos hace creer pobres. Qué le vamos a hacer. Pero volvamos al informe del BM.
Éste también cita que ciudades como Buenos Aires (Argentina), Tegucigalpa (Honduras), San Pablo (Brasil) y Asunción (Paraguay), están “tímidamente” elaborando planes para darle a la distribución de las aguas y a la contaminación de sus ríos un manejo integral que propenda por la optimización de sus aguas y por su explotación y uso racionalizado.

¿Y Colombia qué? Mal. El río Bogotá, por ejemplo, es una cloaca que recibe, sin mayor tratamiento, el detritus de ocho millones y medio de habitantes.

Según un estudio del Conpes de 2004 (http://bit.ly/JzrZTc), se elaboraron planes para descontaminar las aguas del río Bogotá; para ampliar el lecho del río en varios tramos para que “tenga más capacidad de almacenamiento”, para reubicar a las miles de familias que viven en sus márgenes, para reforestar sus riberas, entre otras propuestas más.
Pero descontaminar las aguas negras del río Bogotá, además de un plan a largo plazo (iría hasta 2020 y las multimillonarias sumas de dinero que ya se destinaron no se ven), requeriría una inversión de $5 mil millones 779 mil 287 pesos -cálculos de 2004-.

No obstante, el problema de la contaminación de las aguas no solo la padece el río Bogotá y, esta problemática no solo se produce por las aguas residuales proveniente de los sectores residenciales.

Un informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia, Ideam, (1998) reveló que: “las sustancias más peligrosas” que se vierten a nuestros ríos es producto de “los residuos tóxicos, reactivos, inflamables y combustibles” producidos por la industria minera, petrolera, química y manufacturera, principalmente.

Y ni hablar de los otros ríos más contaminados de Colombia como el Cauca o el Magdalena o el Amazonas o el Sinú. O como los ríos del Bajo Cauca antioqueño que son los más intoxicados por mercurio en Colombia.  
   
Con este dantesco panorama, debemos prepararnos para pelear (exactamente como lo pronosticaron) en la guerra mundial por el agua.

@adolfoflorezg

Para mayor información consultar:

-Política Nacional del Recurso Hídrico; informe del Ministerio del Medio Ambiente, 2010; http://bit.ly/1avrzUL


-En el río Bogotá se invirtieron más de 1.5 billones de pesos en 10 años y no hay resultados; noticia de Caracol Radio, junio 5 de 2007; http://bit.ly/1f2aSru 

domingo, 8 de diciembre de 2013

Guerrilla de las Farc propone nuevo enfoque de política antidroga

Mediante un comunicado, titulado: ‘Política antidrogas integral, soberana, democrática y participativa, orientada a los pobres del campo y a los consumidores’ (http://bit.ly/1kr9Hif ), la guerrilla de las Farc-Ep proponen cambiar el actual enfoque a la política antidroga.

En el primer sub-punto de los 10 puntos que conformarían la propuesta global, los insurgentes plantean que la lucha antidrogas adelantada por el Estado centre su objetivo en perseguir y desarticular “las rentabilidades extraordinarias (que) se encuentran en las fases de la circulación, la distribución y en la incorporación de las ganancias generadas en los circuitos legales de la economía a través del lavado de activos” y no “en los eslabones más débiles del proceso”, o sea: campesinos y consumidores.

En ‘Política antidrogas soberana’, segundo sub-punto del comunicado, las Farc dice que, ante el “fracaso de la política antidrogas impuesta por el imperialismo de los Estados Unidos” y debido a “su incidencia sobre la prolongación del conflicto social y armado” en Colombia, el Estado debe diseñar e implementar “una políticas antidrogas que contemple los principios de soberanía y autodeterminación” (Sic).

No obstante, para la insurgencia dicha “política antidroga soberana” debe ser “democrática y participativa” (tercer sub-punto) y en su diseño trabajará una “comisión” de representantes de diferentes sectores de la comunidad, tales como: campesinos, indígenas y afrodescendientes productores de hoja de coca, “consumidores organizados” e “instituciones y organizaciones no gubernamentales especializadas” que además del diseño de la política, se encargarían de su seguimiento.

Asimismo, las Farc plantean la conformación de una “misión de expertos”, cuarto sub-punto, con participación especial de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, y de la comunidad académica, científica e internacional, que produzcan “lineamientos, propuestas y recomendaciones, a ser tenidos en cuenta”.

Finalmente, en el quinto y último sub-punto del comunicado, la Delegación de Paz de la guerrilla pide “protecciones especiales a los productores de hoja de coca y consumidores de drogas ilícitas” para que estos “no sean estigmatizados, perseguidos y criminalizados” y en cambio sean “sujetos de una política pública para la superación de su situación de pobreza y miseria, o de tratamiento terapéutico de la adicción, según el caso”.

Si bien la propuesta de las Farc-Ep, dada a conocer por Andrés París, tienen aspectos más humanitarios que la actual política antidroga del gobierno nacional, como combatir a los circuitos legales de la economía donde terminan blanqueándose el dinero producto del narcotráfico y no a los eslabones más débiles; se quedan cortos al omitir cuál posición asumirán respecto de su participación en todo el proceso de producción.

También en el comunicado se vislumbra el temor que los jefes negociadores le tienen a la extradición hacia los Estados Unidos, pues plantean, en el segundo sub-punto, una soberanía colombiana para la administración de justicia en los casos relacionados con el tráfico de drogas.

Asimismo no especifican qué responsabilidad asumirán respecto a los daños sociales, ambientales y de infraestructura que vienen cometiendo desde que se dedicaron de lleno a la producción y tráfico de cocaína, marihuana y amapola.

Como siempre, evadiendo sus responsabilidades. Por eso, pocos medios nacionales hicieron eco de su “altruista” propuesta. Esperemos con qué más nos saldrán los farcianos. 

@adolfoflorezg



martes, 3 de diciembre de 2013

La Restitución de Tierras tardaría cientos, incluso miles de años

La Unidad de Víctimas y Restitución de Tierras del Gobierno Nacional se quedará corta en la restitución de predios a las más de 12 mil víctimas que hasta la fecha se han acogido a la Ley 1448 de 2011, una de las más “exitosas” leyes del Gobierno de Juan Manuel Santos.

Esta desoladora advertencia se conoció en el informe: ‘Un trancón fenomenal: Un análisis en las demoras en el proceso de restitución’ (http://bit.ly/1bH95FY) del Observatorio para la Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria, de la Universidad Nacional de Colombia.

En dicho informe, los expertos analizaron tan solo el registro de reclamantes de tierras en los Montes de María y el ritmo con que el Estado resuelve dichos casos y, luego de aplicar un modelo matemático, comprobaron que “la tasa de atención por semana es de 0,75 persona; y la tasa de llegada de personas está entre 12 y 15”.

Así las cosas, al Estado colombiano se le iría en cumplir la tarea “cientos, o incluso miles de años”, por lo que evidentemente “el Gobierno no alcanzará a atender a todas las víctimas”, le dijo Francisco Gutiérrez Sanín, director científico del Observatorio, al portal informativo Verdad Abierta.com.

Gutiérrez Sanín agregó que en un año, la Unidad de Víctimas y Restitución de Tierras “estará atendiendo 36 municipios y en diez años, a 360 municipios que es apenas un poco más de la tercera parte del total del país”; además, dijo que el problema de la Ley no es de “ejecución” sino de “diseño institucional”.

Por tal motivo, le recomienda al Estado reconsiderar su modelo de resolución caso por caso, para evitar la sobrecarga que extendería la tarea por más de una década, tiempo de vigencia de la Ley, y les aconseja realizar restituciones colectivas, masivas o por municipios, “para los casos en los que el despojo y el abandono fueron ocasionados por el mismo victimario, en el mismo contexto y época, y en predios colindantes”.

Pero para Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución de Tierras, el modelo propuesto por el Observatorio es “impensable”, ya que “en un pueblo o vereda la situación de cada vecino es distinta”; sin embargo, aceptó que tienen demandas de reclamaciones “de 20, 50 y 70 familias”, pero de parcelaciones adjudicadas por el antiguo Incora, hoy Incoder.

Hasta la fecha, según registros de la Unidad, se han resuelto 800 casos, lo que significa que apenas 18 mil hectáreas han sido devueltas a sus originales dueños; no obstante, se estima que las tierras usurpadas superan las 2 millones de hectáreas y en trámite de resolución hay 12 mil 217 solicitudes, por 482 mil 272 hectáreas de terreno, un área mayor a los departamentos de Amazonas, Vichada, Caquetá y Meta juntos.
    

Desolador panorama. Pero como el Gobierno es obtuso y no cambiará el modelo, los reclamantes de tierras tendrán que hacer una fila de “cientos, incluso miles de años” para aspirar a retornar, en un día muy, pero muy lejano, a cultivar y a vivir en sus parcelas en paz.

@adolfoflorezg