A pelear por agua

Un catastrófico panorama ambiental se avecina para Latinoamérica: “tres cuartas partes de las aguas fecales o residuales vuelven a los ríos y otras fuentes hídricas”. Así lo indica un informe realizado en 2013 por el Banco Mundial, BM.

Parece inverosímil, pero es verdad.  Esto significa que las aguas de los principales ríos que abastecen a millones de personas en Suramérica, Centroamérica y el Caribe, están siendo contaminados con heces, además de otras residuos.

En Colombia, las principales fuentes hídricas las contaminamos a diario con unas 688 toneladas de materia orgánica e inorgánica. Sin duda, esta problemática que nos evidencia el BM representa un serio riesgo de salud pública y un deterioro ambiental de dimensiones colosales para toda la región.

A este futuro desalentador, debemos sumarle que la Organización de Naciones Unidas, ONU, estima que en los próximos treinta años unas cuatro mil millones de personas, de las más de 7 mil millones que habitamos el planeta, estarían en riesgo de sufrir de desabastecimiento de agua potable.

Y no son teorías conspiratorias o exageraciones de locos ecologistas. La amenaza es real. ¿Y entonces para qué nos sirve que Suramérica posea un tercio de las fuentes de agua potable del mundo si las contaminamos inmisericordemente y si 32 millones de personas por estos lares padecen sed? Una inmensa riqueza desperdiciada.

Porque somos millonarios en recursos, además de hídricos, pero nuestra mentalidad empobrecida nos hace creer pobres. Qué le vamos a hacer. Pero volvamos al informe del BM.

Éste también cita que ciudades como Buenos Aires (Argentina), Tegucigalpa (Honduras), San Pablo (Brasil) y Asunción (Paraguay), están “tímidamente” elaborando planes para darle a la distribución de las aguas y a la contaminación de sus ríos un manejo integral que propenda por la optimización de sus aguas y por su explotación y uso racionalizado.

¿Y Colombia qué? Mal. El río Bogotá, por ejemplo, es una cloaca que recibe, sin mayor tratamiento, el detritus de ocho millones y medio de habitantes.

Según un estudio del Conpes de 2004 (http://bit.ly/JzrZTc), se elaboraron planes para descontaminar las aguas del río Bogotá; para ampliar el lecho del río en varios tramos para que “tenga más capacidad de almacenamiento”, para reubicar a las miles de familias que viven en sus márgenes, para reforestar sus riberas, entre otras propuestas más.

Pero descontaminar las aguas negras del río Bogotá, además de un plan a largo plazo (iría hasta 2020 y las multimillonarias sumas de dinero que ya se destinaron no se ven), requeriría una inversión de $5 mil millones 779 mil 287 pesos -cálculos de 2004-.

No obstante, el problema de la contaminación de las aguas no solo la padece el río Bogotá y, esta problemática no solo se produce por las aguas residuales proveniente de los sectores residenciales.

Un informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia, Ideam, (1998) reveló que: “las sustancias más peligrosas” que se vierten a nuestros ríos es producto de “los residuos tóxicos, reactivos, inflamables y combustibles” producidos por la industria minera, petrolera, química y manufacturera, principalmente.

Y ni hablar de los otros ríos más contaminados de Colombia como el Cauca o el Magdalena o el Amazonas o el Sinú. O como los ríos del Bajo Cauca antioqueño que son los más intoxicados por mercurio en Colombia.  

   

Con este dantesco panorama, debemos prepararnos para pelear (exactamente como lo pronosticaron) en la guerra mundial por el agua.

@adolfoflorezg

Para mayor información consultar:

-Política Nacional del Recurso Hídrico; informe del Ministerio del Medio Ambiente, 2010; http://bit.ly/1avrzUL

-En el río Bogotá se invirtieron más de 1.5 billones de pesos en 10 años y no hay resultados; noticia de Caracol Radio, junio 5 de 2007; http://bit.ly/1f2aSru 

Guerrilla de las Farc propone nuevo enfoque de política antidroga

Mediante un comunicado, titulado: ‘Política antidrogas integral, soberana, democrática y participativa, orientada a los pobres del campo y a los consumidores’ (http://bit.ly/1kr9Hif ), la guerrilla de las Farc-Ep proponen cambiar el actual enfoque a la política antidroga.

En el primer sub-punto de los 10 puntos que conformarían la propuesta global, los insurgentes plantean que la lucha antidrogas adelantada por el Estado centre su objetivo en perseguir y desarticular “las rentabilidades extraordinarias (que) se encuentran en las fases de la circulación, la distribución y en la incorporación de las ganancias generadas en los circuitos legales de la economía a través del lavado de activos” y no “en los eslabones más débiles del proceso”, o sea: campesinos y consumidores.

En ‘Política antidrogas soberana’, segundo sub-punto del comunicado, las Farc dice que, ante el “fracaso de la política antidrogas impuesta por el imperialismo de los Estados Unidos” y debido a “su incidencia sobre la prolongación del conflicto social y armado” en Colombia, el Estado debe diseñar e implementar “una políticas antidrogas que contemple los principios de soberanía y autodeterminación” (Sic).

No obstante, para la insurgencia dicha “política antidroga soberana” debe ser “democrática y participativa” (tercer sub-punto) y en su diseño trabajará una “comisión” de representantes de diferentes sectores de la comunidad, tales como: campesinos, indígenas y afrodescendientes productores de hoja de coca, “consumidores organizados” e “instituciones y organizaciones no gubernamentales especializadas” que además del diseño de la política, se encargarían de su seguimiento.

Asimismo, las Farc plantean la conformación de una “misión de expertos”, cuarto sub-punto, con participación especial de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, y de la comunidad académica, científica e internacional, que produzcan “lineamientos, propuestas y recomendaciones, a ser tenidos en cuenta”.

Finalmente, en el quinto y último sub-punto del comunicado, la Delegación de Paz de la guerrilla pide “protecciones especiales a los productores de hoja de coca y consumidores de drogas ilícitas” para que estos “no sean estigmatizados, perseguidos y criminalizados” y en cambio sean “sujetos de una política pública para la superación de su situación de pobreza y miseria, o de tratamiento terapéutico de la adicción, según el caso”.

Si bien la propuesta de las Farc-Ep, dada a conocer por Andrés París, tienen aspectos más humanitarios que la actual política antidroga del gobierno nacional, como combatir a los circuitos legales de la economía donde terminan blanqueándose el dinero producto del narcotráfico y no a los eslabones más débiles; se quedan cortos al omitir cuál posición asumirán respecto de su participación en todo el proceso de producción.

También en el comunicado se vislumbra el temor que los jefes negociadores le tienen a la extradición hacia los Estados Unidos, pues plantean, en el segundo sub-punto, una soberanía colombiana para la administración de justicia en los casos relacionados con el tráfico de drogas.

Asimismo no especifican qué responsabilidad asumirán respecto a los daños sociales, ambientales y de infraestructura que vienen cometiendo desde que se dedicaron de lleno a la producción y tráfico de cocaína, marihuana y amapola.

Como siempre, evadiendo sus responsabilidades. Por eso, pocos medios nacionales hicieron eco de su “altruista” propuesta. Esperemos con qué más nos saldrán los farcianos. 

@adolfoflorezg

La Restitución de Tierras tardaría cientos, incluso miles de años

La Unidad de Víctimas y Restitución de Tierras del Gobierno Nacional se quedará corta en la restitución de predios a las más de 12 mil víctimas que hasta la fecha se han acogido a la Ley 1448 de 2011, una de las más “exitosas” leyes del Gobierno de Juan Manuel Santos.

Esta desoladora advertencia se conoció en el informe: ‘Un trancón fenomenal: Un análisis en las demoras en el proceso de restitución’ (http://bit.ly/1bH95FY) del Observatorio para la Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria, de la Universidad Nacional de Colombia.

En dicho informe, los expertos analizaron tan solo el registro de reclamantes de tierras en los Montes de María y el ritmo con que el Estado resuelve dichos casos y, luego de aplicar un modelo matemático, comprobaron que “la tasa de atención por semana es de 0,75 persona; y la tasa de llegada de personas está entre 12 y 15”.

Así las cosas, al Estado colombiano se le iría en cumplir la tarea “cientos, o incluso miles de años”, por lo que evidentemente “el Gobierno no alcanzará a atender a todas las víctimas”, le dijo Francisco Gutiérrez Sanín, director científico del Observatorio, al portal informativo Verdad Abierta.com.

Gutiérrez Sanín agregó que en un año, la Unidad de Víctimas y Restitución de Tierras “estará atendiendo 36 municipios y en diez años, a 360 municipios que es apenas un poco más de la tercera parte del total del país”; además, dijo que el problema de la Ley no es de “ejecución” sino de “diseño institucional”.

Por tal motivo, le recomienda al Estado reconsiderar su modelo de resolución caso por caso, para evitar la sobrecarga que extendería la tarea por más de una década, tiempo de vigencia de la Ley, y les aconseja realizar restituciones colectivas, masivas o por municipios, “para los casos en los que el despojo y el abandono fueron ocasionados por el mismo victimario, en el mismo contexto y época, y en predios colindantes”.

Pero para Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución de Tierras, el modelo propuesto por el Observatorio es “impensable”, ya que “en un pueblo o vereda la situación de cada vecino es distinta”; sin embargo, aceptó que tienen demandas de reclamaciones “de 20, 50 y 70 familias”, pero de parcelaciones adjudicadas por el antiguo Incora, hoy Incoder.

Hasta la fecha, según registros de la Unidad, se han resuelto 800 casos, lo que significa que apenas 18 mil hectáreas han sido devueltas a sus originales dueños; no obstante, se estima que las tierras usurpadas superan las 2 millones de hectáreas y en trámite de resolución hay 12 mil 217 solicitudes, por 482 mil 272 hectáreas de terreno, un área mayor a los departamentos de Amazonas, Vichada, Caquetá y Meta juntos.

    

Desolador panorama. Pero como el Gobierno es obtuso y no cambiará el modelo, los reclamantes de tierras tendrán que hacer una fila de “cientos, incluso miles de años” para aspirar a retornar, en un día muy, pero muy lejano, a cultivar y a vivir en sus parcelas en paz.

@adolfoflorezg

Fernando Vallejo propone eliminar la ortografía y ocho letras del diccionario

Fernando Vallejo  generó una nueva polémica. Esta vez desde las páginas de su novela: ‘Casablanca la bella’ (Alfaguara 2013), donde plantea la idea de realizar una reforma ortográfica, eliminar ocho letras, la tilde, la diéresis y de paso independizarnos de la Real Academia Española, RAE.

Pero la idea de jubilar la ortografía no es nueva. La propuesta ya había sido formulada por Gabriel García Márquez  en el discurso inaugural del I Congreso Internacional de la Lengua Española, realizado en Zacatecas, México, en 1997.

Allí, Gabo dijo: “Jubilemos la ortografía, terror del ser humano desde la cuna: enterremos las haches rupestres, firmemos un tratado de límites entre la ge y jota, y pongamos más uso de razón en los acentos escritos, que al fin y al cabo nadie ha de leer lagrima donde diga lágrima ni confundirá revólver con revolver”.

Para el resentido autor antioqueño, el objetivo de eliminar la ortografía se debe a que “la reforma” ya la hacen los jóvenes desde los celulares y computadoras, a través de los cuales escriben “ortografía fonética”.

Tiene toda la razón. Ahora es común leer en la redes social, como Facebook, sobre todo, que escriben bn en vez de bien y llo en vez de yo, entre un sinnúmero de horrores ortográficos inimaginables.

Pero a diferencia de Gabo, Vallejo plantea también que se elimine del diccionario ocho letras: la ce, la hache, la cu, la uve, la equis, la ye y la zeta. El argumento, proteger nuestro idioma de tanto extranjerismo y volver así a los orígenes fenicios y griegos, quienes basaban su “sistema ortográfico” en la fonética, o sea, “un signo por cada sonido”.

Escribiríamos, por ejemplo: Casa con k: Kasa; Queso con k y sin u: Keso; Cielo con s: Sielo; Zapato con s: Sapato, Hielo sin h: Ielo y General con j: Jeneral. Para las “letras dobles con sonido sencillo” como la che, la elle y la erre, Fernando propone escribirlas con guión bajo: s, l y r. Se garabatearía entonces Sapa por Chapa, Karo por Carro, Sigarilo por Cigarrillo, Gera por Guerra y Oror por Horror.

En cuanto a las tildes y la diéresis (los dos punticos que se ponen sobre la u para escribir, por ejemplo: sinvergüenza), Vallejo dice no volverlas a usar jamás; entonces, como la propuesta de Gabo, hacer más uso de razón y escribir Lágrima sin tilde: Lagrima y Sinvergüenza sin diéresis, con b y s: Sinberguensa. Todo un embrollo.

Para Antonio Vélez, quien hizo una concienzuda y argumentada crítica a la propuesta, en ‘La nueva ortografía de Vallejo’ (http://bit.ly/19rJoWV ), la idea del antioqueño no se posible porque, además de tener fallas “mayúsculas”, la arraigada conservación de las tradiciones que tenemos los humanos no lo permitirá y, sobre todo porque, dice Vélez, con ello “le quitarían al idioma escrito el sabor y la belleza de lo añejo, y eliminarían de un tajo la pátina milenaria depositada en sus palabras”.

En cuanto a la autonomía de la RAE, Vallejo acierta al afirmar, en una entrevista al respecto, que somos más de 300 millones de hispanohablantes de este lado del Atlántico, frente a 40 millones de españoles que nos subyugan, a través de la Academia, en cómo debemos escribir y qué palabras nuevas incluir en el diccionario.

Por tal motivo,  plantea la unión entre las Academias del resto de los países hispanohablantes y declarar la independencia de la RAE , para en adelante, referirse como ‘españolismo’ a cualquier aporte al idioma que provenga de la península ibérica.

Para sustentar mejor su embrollada idea, Fernando Vallejo, también filólogo de profesión, invitó a los académicos de la RAE para realizar un debate al respecto en el próximo Congreso Internacional de la Lengua Española. Ante dicha invitación, la RAE como siempre prefiere guardar silencio.

En cuanto a la propuesta de una “ortografía fonética sin resabios etimológicos” el resentido de Vallejo está meando fuera del tiesto y simplemente aprovechó la resonancia mediática que le hicieron para promocionar su libro.

Nota: ‘La reforma ortográfica de Vallejo’ en: http://bit.ly/GZ4lOA.

Armenia se suma a la protesta nacional contra la reforma al sistema de salud

Un reducido pero comprometido grupo de profesionales de la salud se congregaron, este jueves, a las afueras del Hospital Universitario San Juan de Dios de Armenia, Quindío, para desde allí marchar por la principales calles de la ciudad, en protesta contra la actual reforma al sistema de salud.

Para Gerardo Antonio López Giraldo, presidente del Sindicato de la Salud y Seguridad Social en el Quindío, la reforma que impulsa el gobierno de Juan Manuel Santos “no va a generar ningún cambio favorable, al contrario, va a profundizar más las crisis y todas las perversidades que este sistema de salud ha tenido en veinte años de vigencia”.

López Giraldo además se mostró incrédulo ante la eliminación de los intermediarios que plantea la reforma, pues considera que las Gestoras de Servicios de Salud que reemplazarán a las EPS van a continuar influyendo en “toda la regulación del mercado de la salud”, desde la manera como se atienden a los pacientes  hasta la forma como se contrata con los hospitales públicos. 

“Con los 44 billones de pesos que el Estado destina anualmente para el sistema de salud, se puede garantizar la prestación del servicio y dar garantías de una óptima accesibilidad a todos los colombianos”, opinó otro manifestante, quien prefirió no revelar su nombre.

Ante la escasa participación ciudadana, López Giraldo se lamentó y dijo que la reforma afectará principalmente a los usuarios “el problema del sistema de salud no es solo de los trabajadores, ni de los profesionales de la salud, ni de los hospitales, esto es problema de la ciudadanía y desgraciadamente en nuestro país somos pocos solidarios con las causas públicas”.

@adolfoflorezg

“Elegir entre Santos o Zuluaga es como elegir dos hojas del mismo árbol”: Robledo

Desde la Universidad del Quindío, en Armenia, y ante un auditorio repleto de estudiantes, el senador Jorge Enrique Robledo (Polo Democrático Alternativo), se dedicó a plantear la inconveniencia de reelegir a Juan Manuel Santos o de elegir como presidente a Oscar Iván Zuluaga, candidato por el Uribe Centro Democrático, UCD.

Robledo dijo que votar por uno u otro era como “elegir dos hojas del mismo árbol”, porque para el senador, la oposición del expresidente Álvaro Uribe al gobierno Santos no es tal y que, según su opinión, todo obedece a “alianzas de la politiquería nacional” que quieren polarizar la contienda electoral en dos candidatos.

“Ahora nos salieron con el cuento de que el que no esté con Santos entonces está con Zuluaga, tan vivos, ésas son las alianzas de la politiquería nacional”, manifestó con vehemencia.

Al respecto, Robledo fue enfático al afirmar que su colectividad no va a caer en ese juego, “para nosotros sería una traición terminar respaldando al Gobierno Santos” dijo, y agregó que preferiría que el Polo se quedara “solo” e “íngrimo en Colombia”.

“Si tenemos que quedarnos solos en Colombia, planteando una alternativa de verdad diferente, un país de verdad diferente, un país democrático, un país que desarrolle su agro, que desarrolle su industria, un país de empleo decente, un país de la salud y la educación como derecho, pues nos quedamos solos, o sea nos quedamos del lado del pueblo”, manifestó.

Aunque Robledo no hizo una alusión directa a una posible alianza entre el Polo con la otra izquierda, la de la Unión Patriótica o la de Navarro Wolf, para presentarse más fuertes en la contienda presidencial de 2014, sí dijo que en esas “alianzas de la politiquería nacional” hay “gente que se ha dicho de izquierda, que aparece como de izquierda en Colombia”.

Ante el anuncio del MinAgricultura, Rubén Darío Lizarralde, de que el Gobierno Nacional decidió retirar el proyecto de ley sobre los baldíos de la nación, radicado apenas el pasado miércoles, Robledo manifestó que la única razón por la que lo retiraron fue “porque el proyecto es tan malo que había podido tumbar a Santos de la Presidencia de la República”.

Finalmente, Robledo manifestó que la candidatura de Clara López Obregón por el Polo era la más “decente” de todas, pues era la única que planteaba la opción, como campaña, de “renegociar los TLC’s”.

@adolfoflorezg

Educación: entre la democracia, la guerra y la paz

Hace 30 años, don Euclides Jaramillo Arango escribió una fina crónica titulada ‘Cierre de universidades’, allí, el estupendo escritor y folclorólogo quindiano lamentaba la clausura de “facultades en la Universidad colombiana”, cierre que decretaba el Gobierno bajo el ruin pretexto: hay “demasiados profesionales entre nosotros”.

Además de dolerse por la retrógrada medida, pues violaban el derecho “que poseemos de estudiar lo que se nos antoje”, don Euclides proponía el cierre de todas las universidades y colegios: “Y regresemos a la barbarie”.

Hoy, tres lustros después de lo expuesto por Jaramillo Arango, el cierre de todas las universidades y colegios públicos no se han cumplido, afortunadamente, pero no porque los del Gobierno no lo hayan querido materializar, sino porque no les conviene; en cambio, la estrategia sería reducir (pero aparentar que se ha aumentado­­) el presupuesto estatal destinado a la educación y desmejorar la calidad de la misma. Y en esta materia sí que han cumplido.

Aunque bajo el actual mandato de Juan Manuel Santos se estableció la “gratuidad educativa universal del grado 0 a 11 en la educación pública”: gratuidad no es sinónimo de calidad. Prueba de ello es que los actuales pensum académicos no contemplan la reprobación, por lo que el estudiante mediocre avanza al siguiente grado sin haber aprendido mucho (en el mejor de los casos).

Ello ocasiona que en Colombia haya más analfabetas funcionales, o sea, personas que escasamente saben leer, con poca o nula comprensión lectora y solo sumar y restar y pare de contar.

Y aunque cifras proporcionadas por el Gobierno (las cuales por lo general son susceptibles de maquillaje) demuestren que los peores temores de don Euclides eran infundados, porque por el contrario se ha ampliado la oferta educativa: se crearon 41 mil nuevos cupos (cifras Mineducación, agosto de 2012) y se ha logrado que la deserción escolar y secundaria llegase el 4,53% en 2011 y que la reducción de la tasa de analfabetismo en adultos lograra la cifra récord de 170 mil, el acceso a la educación en Colombia, sobre todo para los de escasos recursos económicos, sigue siendo un lujo y más si se vive en una zona rural, así las cifras muestren que crearon “68 mil nuevos cupos en 2011 en el sector oficial en zona rural”.

Contrario a los “excelentes” resultados del Gobierno, aparecen algunas cifras que demuestran que no siempre las presentadas por el sector oficial son las correctas. En 2012 se comprobó que los corruptos se apropiaron hasta de $250 mil millones que todos los colombianos pagábamos a través de los impuestos para la educación de 140 mil “niños fantasmas”; niños y niñas que nunca pudieron disfrutar de la mieles de la educación.

También la inversión en la educación superior, al igual que en investigación, ciencia y tecnología, han disminuido significativamente, aún en la era de la Seguridad y la Prosperidad Democrática. Para el 2013 el Gobierno colombiano destinó $24,92 billones para educación, lo que equivale al 13,4% del total del Presupuesto General, que llegó a $185,5 billones.

Esto quiere decir que el presupuesto destinado para la educación, uno de los pilares primordiales para la búsqueda de la equidad y la justicia social, quedó relegado al tercer lugar de inversión; el primero lo ocupó el ‘Servicio de la deuda’, que se llevó la bobadita de $46,6 billones (25,1%) y; el segundo lugar fue para Defensa y Policía: se destinaron $26,9 billones (14,1%).

Esto demuestra que para el Gobierno colombiano la educación de sus ciudadanos no es lo primordial y en cambio sí lo es pagar la deuda y mantener el conflicto armado que durante más de 50 años ha causado millones de muerte, destrucción, atraso y más violencia y barbarie. 

Al respecto y a propósito de los diálogos de paz entre el Gobierno colombiano y las Farc-Ep, Rodolfo Arango se pregunta, en su columna: Víctimas y ciudadanos http://bit.ly/16r5iuv si en dicha mesa de negociación que se desarrolla en La Habana, Cuba, se tendrá en cuenta -para que la educación sirva como vehículo hacia la terminación del conflicto, la consecución de la paz, la democracia, la justicia y la equidad social- "la propuesta para fomentar la calidad y el número de maestros rurales, mejorar las escuelas, colegios y universidades, y expandir la educación para la democracia y la paz".

Lo dudo. 

Por todo ello creo que don Euclides Jaramillo Arango sí tenía razón cuando en su texto 'Cierre de universidades" afirmaba: “en el futuro (el presente para nosotros) el estudio quedará reservado para los mimados de la fortuna, quienes pueden atender el alto pago de las matrículas privadas”.